Recientemente estamos asistiendo a una agria polémica que tiene enfrentados a políticos y comerciantes españoles desde la aprobación en el Senado, el pasado 1 de diciembre, de la Ley de Horarios Comerciales. La norma, que acaba de entrar en vigor, establece un mínimo de doce días festivos en los que el comercio podrá abrir sus puertas, aunque las comunidades autónomas podrán rebajar este número hasta ocho o ampliarlo sin límite. Este margen ha permitido que se creen panoramas comerciales muy diversos entre las distintas regiones españolas. Tan honda es la brecha que Cataluña, por ejemplo, ha decido establecerse en el mínimo legal, esto es, ocho festivos al año. Por el contrario, la Comunidad de Madrid ha elevado hasta 20 esa cifra. Mas lejos llegan aún comunidades como Baleares, que ha decidido recurrir la ley por inconstitucional, o el País Vasco, que directamente ha anunciado que no la acatará.
Recientemente estamos asistiendo a una agria polémica que tiene enfrentados a políticos y comerciantes españoles desde la aprobación en el Senado, el pasado 1 de diciembre, de la Ley de Horarios Comerciales. La norma, que acaba de entrar en vigor, establece un mínimo de doce días festivos en los que el comercio podrá abrir sus puertas, aunque las comunidades autónomas podrán rebajar este número hasta ocho o ampliarlo sin límite. Este margen ha permitido que se creen panoramas comerciales muy diversos entre las distintas regiones españolas. Tan honda es la brecha que Cataluña, por ejemplo, ha decido establecerse en el mínimo legal, esto es, ocho festivos al año. Por el contrario, la Comunidad de Madrid ha elevado hasta 20 esa cifra. Mas lejos llegan aún comunidades como Baleares, que ha decidido recurrir la ley por inconstitucional, o el País Vasco, que directamente ha anunciado que no la acatará.
Como siempre que existen diversos puntos de vista, cada región justifica su decisión por razones varias. La comunidad catalana no cree conveniente abrir muchos festivos porque los grandes beneficiados son, en este caso, los centros comerciales, en detrimento del pequeño comerciante. Madrid aduce que, como gran ciudad, pretende fomentar el turismo de compras, emulando así actuaciones similares en Nueva York y Londres. Para contrarrestar esta medida, el gobierno madrileño ha comprometido 105 millones de euros para un plan de fomento del pequeño comercio (FICO).
En el FIM siempre hemos abogado por las medidas liberales de carácter económico que permitan un progreso autónomo e independiente de los diferentes agentes. Y no nos hemos cansado de repetir que el mercado es soberano y decide sobre los vaivenes del comercio. Imponer cortapisas en este sentido, a golpe de ley, no nos parece la manera correcta para defender un sector que, no obstante, somos conscientes de que debe ser regulado. Pero obligar a los grandes centros comerciales a cerrar la mayor parte de los festivos no es la solución, pues el perjudicado en este caso es el consumidor –como siempre-, al que se le deja sin la posibilidad de elegir dónde comprar.
Todas las partes en conflicto, y queremos decir todas, deben hacer un esfuerzo para evitar reventar negociaciones posteriores –esto suele denominarse sentido de la responsabilidad- pues el objeto último es defender los derechos de unos a comprar y de otros por mantenerse en el mercado. Y una gran reforma laboral, integradora e integral, puede conciliar ambas posturas.
